El crecimiento económico. Como el crecimiento económico permite aumentar la cantidad y la calidad de los bienes y servicios ofertados a la sociedad, el Estado interviene para incrementar o, en todo caso, mantener el nivel de producción. Como la economía de mercado está sujeta a rachas, el Estado trata de suavizar las fluctuaciones de los ciclos económicos y minimizar los impactos negativos. Los  indicadores económicos más significativos del crecimiento económico son el  PIB y el  PNB estudiados en la Unidad 7.

 El pleno empleo. Dentro de la racionalidad que preside las decisiones económicas, no tiene sentido dejar recursos sin emplear, y esto es aplicable al factor humano de un país, pero es muy difícil dar trabajo a toda la población activa. Por eso, se considera que existe pleno empleo cuando el 98 % de la población activa está ocupada. Los indicadores que miden el nivel de empleo, estudiados ya en la Unidad 8, son las  tasas de actividad, de  ocupación y de  paro.

 La estabilidad de precios. Controlar los precios de los bienes y servicios es fundamental para que los consumidores conserven su poder adquisitivo y para evitar la incertidumbre que provoca la inflación. Para medir la evolución de los precios, los Gobiernos utilizan la variación del IPC, esto es, la variación de los precios medios experimentada por una cesta de bienes y servicios que representa las compras más habituales de las familias españolas.

 La sostenibilidad. El crecimiento económico debe incrementarse o mantenerse pero no a cualquier precio. La riqueza y el bienestar de los habitantes de un país no deben llevarse a cabo por cualquier medio, se debe respetar el medioambiente y gestionar los recursos de forma que no se perjudiquen las posibilidades de crecimiento y bienestar de las generaciones futuras.

 La equidad. El funcionamiento del mercado tiende a provocar desigualdades que el Estado trata de corregir mediante la redistribución de la renta. En este sentido, uno de los principales instrumentos es la política fiscal, que analizaremos detallamente en el siguiente apartado.

 La política fiscal. Es la acción intencionada del Estado para aumentar o disminuir la actividad económica, principalmente mediante la recaudación de impuestos y la aplicación del gasto público. Dada la importancia de este tipo de política, la analizaremos detalladamente en el apartado siguiente.

 La política monetaria. Es el conjunto de medidas que toma el banco central de una nación con el fin principal de mantener la estabilidad de los precios utilizando como variables la cantidad de dinero en circulación y el precio de este. En los países europeos que han adoptado el euro como moneda única, es el Banco Central Europeo (BCE) el que asume las funciones relacionadas con la política monetaria desde el 1 de enero de 1999.

 La política exterior. Es la intervención que realiza el Estado para regular las transacciones con otros países o economías como, por ejemplo, el tipo de cambio de la moneda respecto a las monedas de otros países, las restricciones a las importaciones o el fomento de las exportaciones. Desde la adopción del euro, Bruselas toma las decisiones sobre comercio internacional para todos los países que forman la Unión Europea, de tal forma que las competencias de cada Estado en esta materia se han reducido al mínimo.

 La política de rentas. Pretende lograr la estabilidad de precios controlando la inflación. Cuando los precios se disparan, el Estado intentará controlar los precios de los productos más inestables. También puede regular los salarios de los funcionarios o recomendar salarios máximos y mínimos a las empresas.